El mandato público del Shin Bet es más amplio y fiable que las afirmaciones sobre organigramas secretos. El artículo 7 de la Ley del Servicio General de Seguridad asigna al servicio la responsabilidad de hacer frente a las amenazas contra la seguridad del Estado y el orden democrático, incluido el terrorismo, el sabotaje, la subversión, el espionaje y la divulgación de secretos de Estado.
Lucha antiterrorista y contraespionaje
La ley ordena al servicio frustrar y prevenir actividades ilegales destinadas a perjudicar la seguridad del Estado o las instituciones democráticas. Ese mandato abarca las amenazas de organizaciones terroristas y las actividades de inteligencia extranjera. El servicio trabaja con otros organismos de seguridad israelíes cuando los casos cruzan jurisdicciones civiles, militares o penales; las fuentes, los métodos y las divisiones operativas concretas no son completamente públicos.
Esta distinción importa al evaluar afirmaciones sobre un «Departamento Árabe», subdivisiones regionales, sistemas técnicos o unidades de campo con nombre propio. A menos que un documento oficial o un caso público bien documentado confirme un detalle, no debe tratarse como una descripción establecida de la estructura de la agencia. La responsabilidad documentada del servicio es hacer frente a las amenazas de seguridad, no ejercer un mandato general basado en la etnia.
Protección de personas y lugares
El artículo 7 también le asigna la protección de personas, información y lugares que determine el Gobierno. Esta es la base legal de las tareas de seguridad protectora. La ley no publica una lista de todas las personas o instalaciones protegidas, las designaciones de unidades ni los procedimientos de aviación, por lo que las afirmaciones precisas sobre esos arreglos requieren pruebas independientes.
Violencia extremista interna
La prohibición legal de la subversión y de las amenazas a la seguridad del Estado se aplica sin importar la identidad política o religiosa de quienes las perpetran. La participación del Shin Bet en una investigación concreta debe describirse a partir del caso documentado y de su fundamento jurídico, no mediante afirmaciones generales de que un supuesto «Departamento Judío» se creó a raíz de un único incidente histórico. La ley establece las obligaciones; su texto público no detalla la organización de los departamentos internos.
Para conocer las facultades legales y la supervisión, lea la presentación del servicio. Para ver un caso documentado de rendición de cuentas, consulte el caso del autobús 300.