La acción militar israelí está sujeta a las normas del DIH que exigen distinción, proporcionalidad y precauciones factibles. La prueba jurídica para un ataque compara el daño incidental esperado para civiles con la ventaja militar concreta y directa prevista. El derecho no establece una prueba israelí especial de dos niveles que combine esta norma con las normas independientes de la Carta de la ONU sobre el recurso de un Estado a la fuerza.
Qué exigen las normas sobre ataques
El artículo 57 del Protocolo adicional I describe las precauciones que deben tomar quienes planifican o deciden ataques: verificar el objetivo, elegir medios y métodos factibles para reducir los daños incidentales, y cancelar o suspender un ataque si se prevé que podría causar daños excesivos. El CICR enumera la proporcionalidad y las precauciones como normas consuetudinarias.
Los asesores jurídicos militares orientan a los comandantes sobre el derecho aplicable. Quienes toman decisiones deben cumplir las normas pertinentes con la información y las opciones factibles disponibles en ese momento.
El Tribunal Superior de Israel establece límites jurídicos
En Comité Público contra la Tortura en Israel c. Gobierno de Israel (HCJ 769/02), fallo del 14 de diciembre de 2006, el Tribunal Superior de Israel abordó la legalidad de los asesinatos selectivos. Rechazó declarar por adelantado y de forma general que todos esos ataques fueran lícitos o ilícitos, y sostuvo que cada operación debía examinarse conforme a las normas aplicables. La sentencia analizó la distinción, las precauciones, la proporcionalidad y los hechos de cada caso.
En su fallo de 2005 en Adalah c. Comandante del Mando Central (HCJ 3799/02), el Tribunal rechazó el procedimiento de «advertencia temprana» de las FDI, que implicaba a residentes árabes en operaciones militares. El relato del CICR sobre la práctica nacional recoge la declaración del Tribunal de que un ejército no puede usar a residentes locales como escudos humanos. Este fallo confirma que los procedimientos de seguridad también están sujetos a límites legales.
Las cuestiones jurídicas independientes siguen siendo independientes
La proporcionalidad en un ataque individual es una cuestión de jus in bello. Si un Estado puede recurrir a la fuerza en legítima defensa conforme al artículo 51 de la Carta de la ONU es una cuestión distinta de jus ad bellum, que implica necesidad y proporcionalidad en cuanto al recurso a la fuerza. Ninguna de estas pruebas autoriza ataques contra civiles ni excusa el incumplimiento del otro conjunto de normas. Para conocer las vías de investigación, consulte cómo las FDI investigan presuntas conductas indebidas.