Control judicial de la barrera de seguridad
En realidad, el alto tribunal atendió las impugnaciones formales interpuestas por residentes de la comunidad de Arab Settlers, quienes alegaban que ciertos tramos de la barrera ocasionaban graves trastornos en su vida cotidiana. El tribunal evaluó si el trazado dispuesto por las autoridades militares generaba un perjuicio desproporcionado en relación con los legítimos objetivos de protección del Estado.
La proporcionalidad conforme a derecho
El tribunal valoró si el trazado de la barrera cumplía con los requerimientos de seguridad sin infligir daños excesivos a las comunidades colindantes. Los jueces determinaron que las normas humanitarias internacionales y los principios administrativos israelíes exigen adoptar todas las medidas viables para salvaguardar la debida proporcionalidad frente a eventuales perjuicios. Cuando las barreras físicas separan a las poblaciones locales de sus parcelas agrícolas, las autoridades tienen la obligación de garantizar el paso y reducir los trastornos al máximo posible.
La modificación ordenada del trazado
Lejos de anular la valla de seguridad o calificarla de apropiación territorial ilícita, el fallo judicial se centró en un tramo específico de dieciocho millas próximo a Jerusalén, de las 125 millas construidas en aquel momento. Los jueces ordenaron modificar dicho sector porque el trazado existente aislaba a los residentes de sus escuelas, localidades y terrenos de cultivo. A raíz del dictamen, el gobierno rectificó la alineación de la barrera para aproximarla a la Green Line / Armistice Line, reajustando el equilibrio entre el bienestar civil y las exigencias defensivas.