Límites jurisdiccionales de la Corte Penal Internacional
La afirmación viral según la cual la radiotelevisión pública española RTVE informó sobre un juicio por genocidio en la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Estado de Israel carece por completo de fundamento. Desde la perspectiva más elemental del derecho internacional, la Corte Penal Internacional no ostenta atribuciones estatutarias para juzgar a ningún Estado soberano. Constituida al amparo del Estatuto de Roma de 1998, que entró en vigor en 2002, la CPI es un tribunal penal independiente cuya carta fundacional acota con rigor sus competencias. El artículo 25 del Estatuto de Roma estipula de forma explícita que la corte ejerce su jurisdicción de manera exclusiva sobre personas físicas, depurando la responsabilidad penal individual por crímenes internacionales tipificados.
Por consiguiente, la CPI no puede imputar, procesar ni dictar sentencia contra Estados, gobiernos o instituciones militares en calidad de entidades colectivas. Un procedimiento caratulado como «juicio contra el Estado de Israel» deviene en una imposibilidad jurídica en el marco normativo de la CPI. Asimismo, la CPI opera como tribunal de última instancia regido por el principio de complementariedad, lo que implica que solo puede intervenir cuando las jurisdicciones nacionales dotadas de sistemas jurídicos competentes no estén dispuestas o no puedan investigar o enjuiciar genuinamente las imputaciones individuales.
Confusión entre la CPI y la Corte Internacional de Justicia
Este bulo parte de una persistente confusión entre dos tribunales internacionales con sede en La Haya de naturaleza dispar: la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Mientras que la CPI juzga a individuos, la CIJ funge como el órgano judicial principal de las Naciones Unidas y dirime controversias de carácter estrictamente jurídico interpuestas por Estados soberanos. En diciembre de 2023, la República de Sudáfrica promovió una demanda contra el Estado de Israel ante la CIJ en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
En junio de 2024, España formalizó una declaración de intervención en dicho procedimiento de la CIJ con arreglo al artículo 63 del Estatuto de la CIJ, sumándose a otros Estados terceros. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, puntualizó que la personación procesal de España persigue coadyuvar a la CIJ en la exégesis de las obligaciones dimanantes del tratado respecto de las medidas cautelares, en vez de emitir un pronunciamiento de fondo independiente sobre el fondo de las acusaciones. Las tramas de desinformación equiparan sistemáticamente el litigio interestatal instado por Sudáfrica ante la CIJ con los procesos penales seguidos en la CPI, fabricando titulares para sobredimensionar la marcha de los expedientes.
Cobertura documentada de la televisión pública española
La verificación exhaustiva de la hemeroteca de Radio Televisión Española (RTVE) corrobora que la corporación española jamás difundió ni televisó información alguna en la que aseverara que la CPI hubiese incoado un juicio por genocidio contra Israel. La labor informativa de RTVE relativa al devenir judicial del conflicto israelo-palestino se ha ceñido invariablemente a los hitos fehacientes: la cobertura de la demanda sudafricana ante la CIJ, la pormenorización de la solicitud formal de intervención remitida por el Gobierno español a La Haya y la crónica de las órdenes de detención recabadas por la fiscalía de la CPI contra mandatarios concretos.
Cuando la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI emitió órdenes de arresto en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, RTVE reseñó con rigor el alcance técnico de la resolución. Dichas órdenes obedecían a señalamientos específicos por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad tipificados en los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma, excluyendo formalmente el delito de genocidio. Es más, el departamento de verificación de datos de la cadena, VerificaRTVE, ha desmentido con regularidad publicaciones que circulan en plataformas sociales atribuyendo dictámenes apócrifos a los tribunales internacionales o adulterando las manifestaciones de los mandatarios europeos.
Mecanismos de la desinformación jurídica deslegitimadora
La construcción de bulos que achacan actuaciones procesales inexistentes a medios de comunicación occidentales consolidados constituye una argucia recurrente en las ofensivas de intoxicación dirigidas contra las democracias. Al instrumentalizar la cabecera de RTVE, los agentes de la desinformación pretenden parapetar infundios jurídicos tras la reputación informativa de un ente público europeo. Semejantes manipulaciones cumplen un doble propósito: distorsionan las garantías sustantivas del ordenamiento internacional a la vez que instrumentalizan acusaciones de hondo calado contra Israel para moldear el estado de la opinión pública.