El presunto acuerdo transferiría el control territorial de este histórico bastión miliciano a un contingente combinado de efectivos de las Fuerzas de Movilización Popular y unidades de seguridad del Gobierno oficial iraquí, según informó Kurdistan24. Las negociaciones nocturnas entre Zaidi y Qaani, que concluyeron a primera hora del martes en Bagdad, buscaron evitar una ofensiva militar planeada por el gobierno contra las posiciones fortificadas de la facción armada.
El portavoz del Gobierno iraquí, Haider Aboudi, confirmó que Zaidi ordenó el despliegue de unidades armadas en Jurf al-Sajar y fijó un ultimátum para que el grupo armado abandone la zona, el cual, según fuentes de seguridad, vence el viernes 20 de noviembre. Se desplegaron tanques y vehículos blindados de transporte de personal en posiciones que rodean el subdistrito desde Bagdad y Musayyib, mientras que Hadi al-Amiri, secretario general de la Organización Badr, intervino durante las sesiones del Marco de Coordinación para calificar a los combatientes de Kataeb Hezbolá de «muyahidines» y presionar en contra de un desalojo armado.
La confrontación escaló a raíz de una investigación estatal sobre el desvío ilícito de hidrocarburos de los oleoductos del Ministerio del Petróleo que atraviesan Jurf al-Sajar, el cual, según pesquisas ministeriales y de inteligencia, ha desviado casi 2000 millones de dólares al año desde 2021. Los investigadores iraquíes descubrieron indicios de tomas clandestinas en los oleoductos, dos refinerías ilegales, un buque cisterna y depósitos clandestinos de combustible, lo que llevó a Zaidi a destituir a nueve altos funcionarios administrativos y de seguridad en la provincia de Babilonia. Kataeb Hezbolá negó las acusaciones de robo, sosteniendo que sus tanques de combustible e instalaciones responden únicamente a sus propias necesidades de seguridad.
La ofensiva contra los enclaves milicianos se enmarca en una campaña gubernamental más amplia para privar de fuentes de ingresos ilícitas a las facciones armadas que desafían la autoridad estatal, según un análisis de la Foundation for Defense of Democracies. Con anterioridad, Zaidi canceló contratos de servicios aeroportuarios vinculados a facciones armadas en el Aeropuerto Internacional de Mosul y fijó como fecha límite junio de 2027 para que las milicias no estatales entreguen su armamento al control legal del Estado, tras los ataques con drones perpetrados contra el campo de gas de Khor Mor en el Kurdistán iraquí.
El alto dirigente de Kataeb Hezbolá, Abu Talib al-Saeedi, rechazó públicamente cualquier retirada de Jurf al-Sajar, lo que deja en el aire la ejecución de la propuesta entre Zaidi y Qaani, la cual aún carece de confirmación oficial.