El portavoz gubernamental, Haider Aboudi, transmitió la directiva a través de la Agencia de Noticias Iraquí, de carácter estatal, presentando la incursión de las fuerzas armadas como un ejercicio de autoridad constitucional para imponer el control estatal sobre un enclave que el gobierno había mantenido cerrado durante años. Un comité de investigación de alto nivel inspeccionó seis emplazamientos en Yurrf al Sajar, documentando la manipulación de oleoductos junto con el hallazgo de dos refinerías, un buque cisterna e instalaciones de almacenamiento. Las autoridades iraquíes ordenaron a las fuerzas de seguridad impedir la salida de cualquier vehículo de transporte de hidrocarburos de la zona y remitieron el expediente a los tribunales y a la Comisión Federal de Integridad.
El gobierno no dio a conocer la fecha de vencimiento del plazo, el calendario de despliegue, las unidades militares participantes, el volumen o valor del petróleo desviado, ni los nombres, cargos específicos y acusaciones presentadas contra las personas remitidas a la justicia.
De acuerdo con el análisis de la Foundation for Defense of Democracies, el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, ha puesto en el punto de mira a las milicias proiraníes cortando sus vías de financiación para forzarlas a deponer las armas. Kataib Hezbolá, catalogada como Organización Terrorista Extranjera por el Departamento de Estado de EE. UU., se ha negado a desarmarse y ha resistido las medidas gubernamentales destinadas a desmantelar los entramados económicos vinculados a las milicias, incluida la reciente cancelación de contratos en el Aeropuerto Internacional de Mosul.