Las normas que regulan las designaciones internacionales de lucha antiterrorista, según la documentación del Departamento de Estado de EE. UU., prohíben prestar apoyo material —incluidos fondos, instalaciones y medios de comunicación— a grupos terroristas extranjeros. Las Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) son entidades extranjeras designadas por el Secretario de Estado de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), según sus enmiendas. Para cumplir los criterios jurídicos de designación, la entidad debe ser una organización extranjera que participe en actividades terroristas o de terrorismo, o que mantenga la capacidad y la intención de hacerlo, y sus actos deben amenazar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional, las relaciones exteriores o los intereses económicos de los Estados Unidos. La Dirección de Lucha contra el Terrorismo supervisa de manera continua a diversos grupos en todo el mundo, analizando tanto atentados consumados como la planificación o preparación de actos futuros, a fin de reunir un expediente administrativo con información clasificada y de fuentes abiertas que acredite el cumplimiento de los criterios legales.
Una vez seleccionado el objetivo, el Secretario de Estado realiza consultas con el Fiscal General y el Secretario del Tesoro, y el Congreso recibe una notificación con un plazo de siete días para examinar la intención de designación antes de su publicación en el Registro Federal. Tras dicha publicación, la organización dispone de 30 días para solicitar una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia. En virtud de la Ley de Reforma de los Servicios de Inteligencia y Prevención del Terrorismo de 2004, la antigua obligación de renovación bianual de la designación se sustituyó por procedimientos de petición y revisión; una FTO puede solicitar la revocación dos años después de la fecha de su designación o resolución aportando pruebas de un cambio de circunstancias. Si no se produce ninguna revisión en un plazo de cinco años, el Secretario de Estado debe evaluar la designación, la cual también puede ser revocada mediante una ley del Congreso, anulada por orden judicial o revocada si la seguridad nacional o las circunstancias así lo justifican.
La designación conlleva importantes repercusiones jurídicas en los Estados Unidos. Según la legislación federal, es ilegal que cualquier persona en los Estados Unidos o sujeta a su jurisdicción suministre conscientemente apoyo material o recursos a una FTO designada, abarcando bienes, servicios, instrumentos financieros, alojamiento, formación, documentación falsa, armas y personal, a excepción de medicamentos o materiales religiosos. Asimismo, toda entidad financiera de EE. UU. que descubra que posee o controla fondos en los que tenga interés una FTO o su representante deberá inmovilizarlos e informar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Los miembros y representantes no ciudadanos de FTO designadas no son admisibles en los Estados Unidos y pueden ser deportados en determinadas circunstancias, lo que contribuye a estigmatizar, aislar y limitar la financiación de los grupos designados.