El portavoz del gobierno iraquí, Haider Aboudi, anunció el 16 de noviembre de 2026 que un comité de alto nivel inspeccionó seis ubicaciones en Jurf al-Sakhar y documentó la manipulación de oleoductos junto con dos refinerías clandestinas, instalaciones de almacenamiento y un buque petrolero. En respuesta, Zaidi ordenó a las fuerzas de seguridad impedir la salida de camiones cisterna del distrito e instruyó a la Comisión Federal de Integridad y al poder judicial a procesar a los responsables, tras haber destituido a nueve funcionarios de seguridad y energía dos días antes.
Los detalles divulgados por Aboudi no identificaron a los implicados remitidos a la justicia, ni precisaron sus responsabilidades individuales, así como tampoco ofrecieron cifras sobre el volumen o el valor del petróleo presuntamente desviado. Las autoridades tampoco revelaron la fecha exacta en que vence el plazo de retirada, las unidades militares asignadas para entrar en Jurf al-Sakhar ni el calendario del despliegue.
Según la Fundación para la Defensa de las Democracias, Zaidi ha puesto en la mira las operaciones comerciales de las milicias respaldadas por Irán para desarticular sus vías de financiamiento y obligarlas a desarmarse conforme a un plazo ampliado hasta junio de 2027. El 7 de noviembre, Zaidi rescindió contratos en el Aeropuerto Internacional de Mosul vinculados a grupos armados —identificados por los medios de comunicación como Kataib Hezbolá—, tras lo cual el portavoz del grupo, Abu Mujahid al-Assaf, hizo alusión a la apertura de expedientes sobre el yacimiento de gas de Khor Mor un día antes de que un dron atacara el lugar.