La Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos evalúa de forma continua las operaciones de grupos extranjeros para frenar el apoyo material a la violencia internacional, con arreglo al artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. De acuerdo con el Departamento de Estado, un expediente administrativo que recopile información clasificada y de fuentes abiertas debe demostrar que el grupo incurre en actividades terroristas o mantiene la capacidad y la intención de llevarlas a cabo, poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o los intereses nacionales. Dicha designación tipifica como delito federal el suministro de fondos, alojamiento, entrenamiento, equipamiento o transporte, y exige a las instituciones financieras estadounidenses la inmovilización de los activos vinculados.
La legislación federal estipula que las entidades extranjeras catalogadas bajo este marco legal afrontan restricciones administrativas inmediatas, entre ellas la inadmisibilidad y la expulsión de representantes extranjeros. El Secretario de Estado, previa consulta con el Fiscal General y la Secretaría del Tesoro, lleva a cabo estas revisiones, que se publican en el Registro Federal tras la correspondiente notificación al Congreso. Estos mecanismos jurídicos sostienen una presión constante sobre las redes armadas al desmantelar su financiación global y su capacidad operativa.