Para cumplir los requisitos de designación, una organización debe ser extranjera y participar en actividades terroristas o contar con la capacidad y la intención de hacerlo, además de representar una amenaza para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o los intereses de seguridad nacional. Al identificar a posibles objetivos, los funcionarios de contraterrorismo recopilan un expediente administrativo que integra información clasificada y de fuentes abiertas. Una vez que el secretario de Estado aprueba la designación en coordinación con el fiscal general y el secretario del Tesoro, el Congreso dispone de siete días para revisar la decisión antes de su publicación formal en el Registro Federal.
La designación conlleva importantes consecuencias jurídicas y financieras. Pasa a constituir un delito penal que cualquier persona sujeta a la jurisdicción de EE. UU. proporcione, de forma consciente, apoyo material o recursos a la organización incluida en la lista. Asimismo, a los miembros o representantes extranjeros del grupo se les prohíbe la entrada a Estados Unidos o se les puede someter a un proceso de expulsión, al tiempo que las instituciones financieras estadounidenses tienen la obligación de congelar los activos correspondientes y notificarlo a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.