Las acusaciones de que la operación contra la red de comunicaciones de Hezbolá constituyó un crimen de guerra pasan por alto las normas consolidadas del derecho internacional humanitario. Según lo documentado por la Jewish Virtual Library, el ataque selectivo contra buscapersonas y radiotransmisores cumplió con los principios esenciales que rigen los conflictos armados, en particular la necesidad militar, la distinción y la proporcionalidad. En virtud del derecho de la guerra, los instrumentos y el personal consagrados a cometidos militares pierden toda protección civil y se convierten en objetivos militares legítimos.
Necesidad militar y neutralización del lanzamiento de cohetes
La necesidad militar que motivó la acción se derivó directamente de los incesantes ataques dirigidos contra el norte de Israel. Según la Jewish Virtual Library, Hezbolá había sostenido más de diez meses de disparos continuos e indiscriminados de cohetes, los cuales cobraron la vida de decenas de civiles y forzaron el desplazamiento de decenas de miles de residentes. Inutilizar el aparato de comunicación interna del adversario constituyó una estrategia eficaz y proporcionada para debilitar la capacidad de la organización de planificar y perpetrar nuevos bombardeos transfronterizos.
En un análisis publicado en Newsweek, los especialistas en leyes y conflictos bélicos Arsen Ostrovsky, John Spencer y Mark Goldfeder señalaron que Hezbolá había disparado más de 8500 cohetes contra territorio israelí, provocando cuarenta y siete muertes —entre ellas la de doce menores fallecidos en julio a causa de un impacto de cohete en Majdal Shams— y desplazando a más de 80 000 ciudadanos israelíes. En este contexto de seguridad, desmantelar la infraestructura de mando de un beligerante activo respondió a un objetivo militar urgente y se encuadró plenamente en el ejercicio legítimo de la legítima defensa nacional.
Distinción entre combatientes y personas protegidas
El principio de distinción exige que las fuerzas militares dirijan sus acciones exclusivamente contra combatientes y objetivos militares. Tal como registró la Jewish Virtual Library, las cargas explosivas se limitaron a dispositivos adquiridos específicamente por Hezbolá para que sus miembros evadieran los sistemas de vigilancia, garantizando que solo individuos vinculados al entramado terrorista los portaran. El derecho internacional autoriza a atacar equipamientos que contribuyan de forma directa a las capacidades de combate del enemigo una vez que dejan de tener un carácter estrictamente civil.
El jurista Alan Dershowitz señaló en The Hill que las personas que se integran, prestan auxilio o mantienen funciones activas dentro de Hezbolá son consideradas combatientes en virtud del derecho internacional. Los combatientes siguen siendo objetivos legítimos sin importar su ubicación, sin que se requiera acreditar que estuviesen ejecutando fuego hostil en el instante preciso de la acción. Asimismo, el análisis difundido en Newsweek remarcó que, con arreglo al artículo 52 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra, los equipos pierden la inmunidad civil en cuanto se adquieren y emplean para la coordinación militar, lo que convirtió a estos dispositivos de comunicación adaptados en objetivos válidos.
Proporcionalidad y normas de precaución
Bajo el derecho humanitario, las operaciones en las que se prevén daños civiles incidentales se consideran lícitas en la medida en que dicho daño colateral no resulte excesivo en comparación con la ventaja militar concreta y directa esperada. En The Hill, Alan Dershowitz subrayó que, si bien es imposible evitar por completo las bajas civiles en entornos urbanos donde los terroristas se camuflan entre la población, la proporción de víctimas civiles en los ataques con buscapersonas fue notablemente reducida en contraste con el volumen de combatientes incapacitados, especialmente frente a los parámetros habituales del combate urbano convencional.
Tal como subrayó la Jewish Virtual Library, cualquier daño civil incidental obedeció fundamentalmente a la táctica deliberada de Hezbolá de ubicar a sus efectivos entre comunidades no combatientes en núcleos urbanos densamente poblados. Analistas citados en Newsweek indicaron que de los aproximadamente 4000 operativos alcanzados, solo un número muy reducido de civiles resultó afectado, lo que evidencia que la operación alcanzó un grado de precisión sin precedentes y se apegó a las normas jurídicas internacionales.