Mecanismos presupuestarios diferenciados en la legislación federal
La afirmación de que Estados Unidos despojó a millones de ciudadanos de asistencia alimentaria para comprar aviones militares para Israel tergiversa el funcionamiento básico del presupuesto federal estadounidense. Según la legislación federal, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) funciona como un programa obligatorio de prestaciones sociales autorizado mediante la Farm Bill (Ley Agrícola) plurianual y administrado por el Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Los fondos para el SNAP son jurídicamente no discrecionales: toda persona u hogar que reúna los requisitos fijados por las directrices federales sobre ingresos y patrimonio tiene derecho por ley a recibir las prestaciones.
Dado que el SNAP es un programa de derechos adquiridos (entitlement), el Congreso no limita su presupuesto para transferir los remanentes a partidas de asuntos exteriores. La ayuda militar al extranjero, en cambio, se clasifica como gasto discrecional regido por las leyes anuales de asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Exteriores y Programas Afines. Por ley, los fondos procedentes de programas obligatorios nacionales no pueden redirigirse a financiar asistencia militar extranjera ni adquisiciones en el exterior.
Fluctuaciones pospandemia en las inscripciones del SNAP
Los cambios en las cifras de inscripción del SNAP citados en afirmaciones virales reflejan el vencimiento de medidas excepcionales transitorias y no reasignaciones de origen legislativo. Durante la emergencia sanitaria de la COVID-19, el gobierno federal autorizó asignaciones de emergencia que otorgaron las cuantías máximas permitidas a todos los hogares con derecho a ellas, además de suspender temporalmente los límites de tiempo vinculados a los requisitos laborales. Conforme a lo dispuesto en la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2023, estas asignaciones de emergencia de la etapa pandémica llegaron a su fin en todo el país en marzo de 2023.
Posteriores actualizaciones legislativas, como la introducción progresiva de requisitos de trabajo aprobada en virtud de la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2023 y las recertificaciones administrativas rutinarias tras la pandemia, devolvieron el programa a sus normas habituales. Al mismo tiempo, el crecimiento del empleo nacional y el aumento de los ingresos familiares provocaron una reducción natural de los registros de beneficiarios tras los máximos históricos alcanzados durante la pandemia. Estos cambios administrativos y legales fueron fruto de acuerdos fiscales nacionales por completo ajenos a la financiación militar extranjera.
Financiación de las compras militares israelíes
La afirmación también distorsiona de raíz la forma en que se financian las compras de defensa de Israel. La adquisición de veinticinco aviones de combate F-35, formalizada en junio de 2024, se financia a través del programa bilateral de Financiación Militar Extranjera (FMF), creado al amparo del Memorando de Entendimiento de 2016 suscrito durante el gobierno de Obama. Este marco decenal contempla 3300 millones de dólares anuales en concepto de ayuda para la defensa, cubriendo los ejercicios fiscales de 2019 a 2028. Según las condiciones de este acuerdo, las subvenciones del FMF deben destinarse a fabricantes del sector de defensa estadounidense, lo que reinvierte el capital de forma directa en las plantas de fabricación, la ingeniería aeroespacial de vanguardia y la mano de obra altamente cualificada de la industria de defensa nacional en EE. UU.
Por su parte, la compra por parte de Israel de doce helicópteros Boeing AH-64E Apache corresponde a un desembolso directo del propio Estado israelí. En octubre de 2026, el gobierno israelí autorizó cerca de mil millones de séqueles procedentes de su propio presupuesto nacional para costear la compra urgente a fabricantes aeroespaciales estadounidenses, tras obtener la aprobación de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa de Estados Unidos. En lugar de depender de los contribuyentes estadounidenses o de recortes en los programas de asistencia social de Estados Unidos, Israel costeó esta compra con cargo a sus propias arcas nacionales.
Desmontando la falsa disyuntiva
Las campañas de propaganda a menudo instrumentalizan la complejidad de los procedimientos presupuestarios contrastando los ajustes del bienestar nacional con la ayuda exterior para generar indignación premeditada:
- Imposibilidad jurídica: La normativa presupuestaria federal aísla de forma rigurosa los fondos obligatorios de prestaciones como el SNAP de las partidas discrecionales de ayuda exterior.
- Factores independientes: La variación en el número de beneficiarios de la ayuda alimentaria se debió a la reactivación económica pospandemia y al fin previsto de las medidas de emergencia, no al gasto militar.
- Financiación soberana: Las grandes transacciones armamentísticas se costean mediante marcos bilaterales de seguridad acordados con mucha antelación o bien se abonan directamente con el presupuesto estatal de Israel.
Insinuar que se desmantelaron los programas de ayuda alimentaria a estadounidenses para adquirir aeronaves para Israel plantea una relación de causa y efecto completamente ficticia, concebida para minar la confianza ciudadana y deslegitimar una cooperación en seguridad plenamente legítima.