Control fronterizo y magnitud de la migración
Entre 2006 y 2012, decenas de miles de ciudadanos africanos cruzaron a territorio israelí a través del desierto del Sinaí. Según el African Refugee Development Center, aproximadamente 40 000 personas permanecían en Israel sin un estatus legal permanente, tras haber huido de las condiciones autoritarias imperantes en Eritrea o de los conflictos armados y las atrocidades en Sudán. El gobierno israelí consideró a la mayoría de estos recién llegados como migrantes económicos en busca de empleo y no como solicitantes de asilo tradicionales, argumentando que Israel, al ser un país pequeño, dispone de una capacidad de absorción sumamente inferior a la de las grandes naciones occidentales sometidas a presiones migratorias similares.
La tramitación de las solicitudes de asilo continuó siendo un foco neurálgico de discordia. La Línea Directa para Refugiados y Migrantes (Hotline for Refugees and Migrants) señaló que, de las más de 13 000 personas que habían formalizado solicitudes de asilo a mediados de 2017, únicamente a 10 solicitantes se les había reconocido oficialmente la condición de refugiado. Las cuotas administrativas diarias en el centro de tramitación de la Autoridad de Población e Inmigración en Tel Aviv provocaban interminables filas, lo que obligaba a los solicitantes a pernoctar a la intemperie en las aceras simplemente para lograr presentar su documentación.
Mecanismos de reubicación y acuerdos con terceros países
En respuesta a la prolongada permanencia no autorizada, el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció una iniciativa formal de deportación dirigida a las personas que permanecían en el país sin autorización legal. La política oficial detalló que cerca de 4000 personas habían sido expulsadas durante el año anterior, previéndose operaciones de mayor alcance frente a quienes habían entrado ilegalmente al país. Según el plan delineado por el gobierno, a los migrantes se les planteó una disyuntiva: aceptar un billete de avión sufragado por el Estado para salir del territorio o enfrentarse a un encarcelamiento indefinido.
Las autoridades israelíes precisaron de forma explícita que no deportarían a las personas directamente a sus países de origen ni a territorios donde su integridad física se viera amenazada. En su lugar, Israel procuró acuerdos diplomáticos para transferir a los migrantes a otra nación africana, señalada ampliamente como Ruanda, pese a que funcionarios ruandeses desmintieron de manera pública haber suscrito tal acuerdo. El gobierno concibió este mecanismo de reubicación en terceros países para atajar la situación irregular sin recurrir a la repatriación directa a los países de origen.
Controversias jurídicas y debate social
La propuesta de política de traslados desató un intenso rechazo en el ámbito nacional e internacional. Defensores de derechos fundamentales y entidades confesionales argumentaron que trasladar a colectivos vulnerables a terceros países quebrantaba el espíritu de las protecciones al refugiado. La Liga Antidifamación y HIAS elevaron una petición al primer ministro en la que advertían de que los traslados previos a terceros países habían dejado a los migrantes desprovistos de una protección jurídica duradera y abocados a peligrosas travesías a través de regiones en conflicto en Sudán del Sur, Sudán y Libia. Asimismo, el African Refugee Development Center recabó testimonios de casos en los que personas reubicadas sufrieron la incautación de sus documentos, extorsiones y detenciones arbitrarias.
Más de 2000 manifestantes se congregaron frente a la embajada de Ruanda en Herzliya, pilotos de aerolíneas comerciales manifestaron públicamente su negativa a pilotar vuelos de deportación y cientos de rabinos suscribieron peticiones exhortando al gobierno a frenar las expulsiones.
Fortificación fronteriza y medidas legislativas
Para poner fin de manera definitiva a los tránsitos no autorizados, Israel erigió una barrera física a lo largo de su frontera sur con Egipto. Tras culminarse el muro fronterizo, los ingresos clandestinos se redujeron a cero en 2017.